Los días más difíciles de la Constitución salvadoreña

Erika Saldaña

El declive de la democracia e institucionalidad salvadoreña es evidente. El 1 de mayo de 2021, con la destitución inconstitucional del Fiscal General de la República y los magistrados de la Sala de lo Constitucional, se disipó cualquier duda de las intenciones del gobierno: controlar el poder público y las instituciones en las que está distribuido. Y con ello, desafiar los mandatos establecidos en la Constitución salvadoreña promulgada en 1983.

Los desconocimientos y vulneraciones a la Constitución no son asuntos nuevos. Gobiernos, partidos políticos y funcionarios que han ejercido anteriormente el poder político, tanto de derecha como de izquierda, manejaron o intentaron manipular la institucionalidad salvadoreña a su antojo, con la finalidad de satisfacer intereses específicos y no los de la mayoría de la población. Este trato político, aunado a los crecientes casos de corrupción y el decaimiento de la calidad de vida de los salvadoreños, fue el caldo de cultivo perfecto para el detrimento del sistema democrático y para que la población le entregara el poder a una persona que prometió cambiar la situación.  

Luego de cuatro gobiernos del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y dos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la población se cansó de la forma de manejo de la política salvadoreña (y todo lo que esto conlleva) y la mayoría de los votantes decidió apostarle a un proyecto político nuevo, que en las palabras y el discurso desafiaba el status quo. Pero en la realidad, luego de tres años en el poder, el gobierno en turno ha demostrado que sus prácticas replican lo que tanto criticaban en sus inicios. Así, el respeto a la Constitución ha sido una promesa constantemente rota. 

La Constitución salvadoreña adquirió especial relevancia desde el año 2009, con la renovación de la mayor parte de los miembros de la Sala de lo Constitucional. Con sus aciertos y desaciertos, la jurisprudencia constitucional ha hecho especial énfasis en la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas y en la independencia de poderes. En un contexto en el que los funcionarios públicos han incumplido su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la visibilización de la Constitución y el conocimiento que la población ha tenido de ella durante más de una década es lo que ha permitido que un sector de la población se mantenga firme en su defensa.  

Nuestra Constitución cuenta con una serie de garantías que tienen por finalidad la permanencia en el tiempo de los contenidos constitucionales. Es el caso, por ejemplo, de las llamadas cláusulas pétreas que se consideran aspectos fundamentales de la vida democrática y, por tanto, que no está permitida su modificación. El artículo 248 de la Constitución salvadoreña establece que “no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”. La forma de gobierno es republicano, democrático y representativo. Y el sistema de gobierno presidencialista, limitado por la misma Constitución. La existencia de este tipo de cláusulas pétreas en la constitución salvadoreña no significa que estas tengan por objeto la petrificación de las disposiciones constitucionales y su interpretación. Pero sí representa el hecho qué hay principios de una República democrática que deberían mantenerse en el tiempo, porque son el fundamento de una convivencia basados en la igualdad y libertad. 

Asimismo, todas las normas constitucionales se encuentran protegidas por la complejidad del proceso de reforma, la cual imposibilita que ciertas disposiciones se modifiquen, como anteriormente he descrito, y, además, en artículo 248 de la Constitución se establecen ciertos requisitos para poder cambiarlas: la necesidad que la propuesta de reforma sea conocida por dos Asambleas Legislativas sucesivas y que diferentes mayorías aprueben la propuesta (primero una mayoría simple y luego una calificada). La idea es que los cambios es la Constitución sean reflexionados en el tiempo y no producto de mayorías coyunturales. 

Actualmente la estabilidad y cumplimiento de la Constitución salvadoreña se encuentra amenazada por dos cuestiones específicas: i) el declive institucional, por el cual ninguna institución estatal y los funcionarios que las dirigen asumen el rol que constitucionalmente les corresponde, ni tampoco ejercen la defensa activa de la Ley Fundamental; ii) el cambio radical que desea realizarse sobre la Constitución, por delegación del Presidente de la República, proceso sobre el cual ha existido ambigüedad y poca participación de diversos sectores interesados. 

Aunque se ha tratado de imponer la narrativa de que sobre este proceso de reforma ha existido una serie de consultas a la población, lo cierto es que no todos los sectores interesados han tenido la oportunidad de brindar su perspectiva sobre la misma. Se trata de una propuesta de reforma constitucional que nace desde la Presidencia de la República y pretende realizar modificaciones a 207 disposiciones de un texto que contiene 249 artículos. Los aspectos más preocupantes sobre esa reforma constitucional son el cambio del carácter personalista del Estado, poniendo por encima los intereses estatales, así como la eliminación de la prohibición de partido único, con lo cual se vulnera el principio pluralista que debe existir en una sociedad democrática. 

La existencia de la Constitución salvadoreña nunca ha sido pacífica. Su cumplimento nunca ha llegado a un nivel óptimo, pues no ha faltado el funcionario que se salta sus mandatos. Sin embargo, hoy en día, estamos viviendo los días más difíciles de la Constitución salvadoreña, pues además del incumplimiento de la misma, también estamos viviendo los intentos de su modificación completa. Al final de este oscuro ciclo tendremos la posibilidad de evaluar si funcionaron las garantías y controles adoptados por el constituyente de 1983 para la autopreservación de la misma Constitución. Solo la supervivencia y cumplimento de los mandatos constitucionales puede garantizarnos vivir en una sociedad libre e igual. 

Erika Saldaña es abogada constitucionalista y consultora jurídica especialista en derecho administrativo
Cita recomendada: Erika Saldaña, «Los días más difíciles de la Constitución salvadoreña», IACL-AIDC Blog (22 de Septiembre de 2022). Disponible en: https://blog-iacl-aidc.org/central-america/2022/9/22/los-das-ms-difciles-de-la-constitucin-salvadorea.